El Gobierno español presidido por Mariano Rajoy ha aprobado a finales de marzo unos Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 con los que pretende cumplir el objetivo de déficit del 5,3% del Producto Interior Bruto (PIB) pactado con la Comisión Europea para devolver a los mercados y los inversores internacionales la confianza sobre las finanzas y la solvencia del país. Para lograrlo, ha establecido una serie de medidas excepcionales entre las que se encuentra una polémica “amnistía fiscal” para el conocido como “dinero negro”, es decir, el capital que ha esquivado el control del Estado y, por lo tanto, sobre el que no se ha pagado impuestos.
La iniciativa introduce un gravamen especial del 10% para las rentas no declaradas por contribuyentes del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes que no estén siendo investigados por la Agencia Tributaria. Al mismo tiempo, también se fija un gravamen del 8% para los dividendos o participaciones en beneficios de fuente extranjera derivados de la misma fuente que se repatríen antes del 31 de diciembre de 2012. El Ministerio de Hacienda calcula que estas regularizaciones permitirán aflorar unos 25.000 millones de euros (unos 33.000 millones de dólares) que hasta ahora no cotizaban, que dejarían en las arcas del Estado alrededor de 2.500 millones de euros (unos 3.300 millones de dólares).
La decisión del Gobierno español ha sido similar a la tomada por Mario Monti en Italia. El primer ministro italiano decidió el pasado mes de noviembre ampliar la amnistía fiscal puesta en marcha por su predecesor, Silvio Berlusconi, en 2009. Al mismo tiempo, ha endurecido la lucha contra el fraude fiscal, lo que ha permitido a la administración destapar en 2011 una bolsa de 58.000 millones de euros (unos 76.000 millones de dólares) en operaciones sin declarar.
España ha seguido el mismo camino. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado que tras la amnistía fiscal se aprobará un plan de lucha contra el fraude de “extrema dureza” con medidas innovadoras como la de limitar a 2.500 euros (unos 3.294 dólares) el pago en efectivo en las operaciones mercantiles.
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