El caso de la minera no-metálica Soquimich (más conocido como caso SQM) es probablemente el caso más polémico de los últimos años en Chile, no sólo porque se detectaron grandes fraudes tibutarios, sino porque también dejo al descubierto la ineficiencia del Servicio de Impuestos Internos (SII) y los lazos de poder que persisten entre las grandes empresas y los políticos, con una extensa red de financiamiento de campañas políticas ilegal, que ha salpicado a la gran mayoría de los partidos políticos en ambas veredas, oficialismo y oposición. Caso SQM: un poco de historia Soquimich es una empresa minera privada que se dedica a la explotación, procesamiento y comercialización del salitre, yodo, potasio y litio en Chile. Fue fundada en 1968 como una Sociedad Minera Mixta entre privados y el Estado de Chile. Pero en 1971, el Estado de Chile por medio de la CORFO adquiere el 100% de la propiedad y con ello queda nacionalizado la explotación del salitre. Entre 1983 y 1988 se procedió a su privatización durante la Dictadura Militar. El 24 de septiembre de 2012, se adjudicó la licitación para acceder a los contratos especiales de operación del litio, quedando con la exclusividad de explorar y explotar hasta 100 mil toneladas de litio metálico en 20 años, en cualquier área del territorio nacional con excepción de las concesiones mineras constituidas conforme al código de minería de 1932. A partir de diciembre de 2012 Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A., Inversiones Global Mining (Chile) Ltda., y Potasios de Chile S.A. (colectivamente, Grupo Pampa) controla el 31,97% del total de acciones de SQM. En rigor, el controlador de SQM es Julio Ponce Lerou, Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile y ex yerno del General Augusto Pinochet Ugarte, quien ejerció hasta el 2015 como Presidente del Directorio de SQM S.A., Norte Grande S.A., Oro Blanco S.A. y Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A. Caso SQM: ¿quién es Julio Ponce Lerou? Ponce Lerou contrajo matrimonio con Verónica Pinochet (hija de Augusto Pinochet) en 1969 , y un año después del golpe militar, en 1974, fue designado director de Conaf. Desde allí saltó a Corfo, donde en 1979 asumió como gerente de las principales empresas estatales (como Soquimich, Endesa, Iansa, CTC, entre otras). En 1983, Ponce renunció a Corfo luego que se le acusara de realizar negocios ganaderos mientras aún pertenecía a Conaf. Ponce volvió a Soquimich en 1987, al comprar la empresa al Estado. La operación no estuvo lejos de la polémica, pues la privatización de la firma fue cuestionada e investigada por el bajo precio de la venta. En 2012, durante el gobierno de Sebastián Piñera, SQM se adjudicó la primera licitación de contratos para el litio por parte del entonces subsecretario de Minería, Pablo Wagner. Sin embargo la operación falló cuando se descubrió que la firma mantenía una serie de juicios con el Estado en Tribunales. La invalidez de la licitación le costó la renuncia a Pablo Wagner del gobierno. Caso SQM: Caso Cascadas y arista SQM del caso Penta Julio Ponce Lerou fue sancionado por la SVS a pagar US$ 70 millones en septiembre de 2014 por el denominado Caso Cascadas. Luego de que la Superintendencia comprobara que SQM realizó operaciones de compra y venta de acciones a menor precio de mercado a empresas relacionadas para luego venderlas a mayor precio. El esquema, investigado durante dos años, significó sanciones a otros ejecutivos hallados culpables, como Aldo Motta con US$ 24 millones. En enero de 2015, la Fiscalía puso sus ojos sobre SQM por la presunta utilización de boletas falsas para financiar a políticos, en lo que se denominó como la arista SQM del caso Penta. En medio de las declaraciones al fiscal Carlos Gajardo por boletas ideológicamente falsas, el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner fue quien sostuvo: Respecto de la boleta de Soquimich, señalo que yo no la solicité, se la solicitó un tercero, específicamente Ernesto Silva Bafalluy, supongo que para apoyar campañas políticas. Desde que se abrió esta investigación, el Ministerio Público ha encontrado boletas sospechosas de distintos personajes vinculados a la política como el senador PS Fulvio Rossi, el ex-candidato presidencial UDI Pablo Longueira y algunos ex colaboradores de campaña de Sebastián Piñera, entre muchos otros. En abril del año pasado, Ponce Lerou renunció a la presidencia de SQM. Caso SQM: financiamiento ilegal de campañas políticas Uno de los puntos álgidos del Caso Penta fueron los antecedentes que dieron con el posible delito de cohecho y lavado de activos en contra del ex Subsecretario de Minería, Pablo Wagner. Esto, gracias a las declaraciones del ex Gerente General de Empresas Penta, Hugo Bravo. Las diligencias de la Fiscalía se aceleraron, con el fin de obtener más antecedentes de esta arista. Fue así como la Fiscalía dio con Carolina de la Cerda, cuñada del ex Subsecretario. Carolina de la Cerda declaró haber sido la prestadora de boletas de honorarios de Pablo Wagner. Ella emitía las boletas, para así evitar que Wagner figurara en la prestación de servicios particulares, ya que él ejercía como Subsecretario de Minería.Así, mientras la fiscalía investigaba sobre el caso Penta, fue que aparecieron los primeros indicios del caso SQM. Carolina de la Cerda declaró: (Wagner) me dio un teléfono de contacto para que yo le avisara cuando me llegara la plata, para así girar tres cheques por los montos y a las personas que debía girar los cheques, en ese momento, la persona, cuyo nombre no recuerdo, me dio los nombres de Cristina Bitar, Ernesto Silva Bafalluy y Lorena Espinoza. Yo hice la boleta para la empresa Soquimich con la glosa asesorías financieras. Con este testimonio se dio con la presunción de que Empresas Penta no era la única empresa que financiaba campañas políticas de forma irregular a través de la emisión de boletas falsas. Aquí se abre el caso SQM como una arista del caso Penta. Así aparecieron 240 RUT asociados a boletas vinculadas a políticos de distintos sectores. Su origen un oficio del SII que daba cuenta del periodo tributario 2009 que fuera declarado el 2010. De esos documentos, 39 se resaltaron por su vinculación directa o indirecta a políticos. Las boletas no fueron extendidas, en ninguno de los casos, por aquellos a quienes se les imputa relación con ellas, sino que por terceros vinculados, familiar o laboralmente a los políticos señalados más adelante. Salvo en el caso Wagner, no existen imputaciones a estas personas y tampoco aun han sido citadas a declarar. Tal como lo señaló el fiscal Carlos Gajardo, se investiga si estos fondos fueron a parar a las campañas de los siguientes políticos mencionados: Fulvio Rossi (Senador PS): Existen 4 boletas por un total de $ 28.892.429, extendidas por terceros, sus asesores o ex asesores, Mariela Molina, María Martínez Zaror y René Madariaga Caronna. Pablo Wagner (UDI exsubsecretario de Piñera): Existen 2 boletas por un total de $ 16.666.668, extendidas por su cuñada, María Carolina de la Cerda. Gustavo Alessandri Balmaceda (RN): Existen 2 boletas por un total de $ 8.888.889, emanadas de los terceros Gustavo Alessandri Bascuñán y Nicole Etcheverry Spadaro, hijo y ex periodista asesora, respectivamente. Juan Antonio Coloma (Senador UDI): Existe 1 boleta por $ 4.444.444, extendida por un tercero, el militante UDI y asesor del senador, Víctor Krefft Marín. Jaime Orpis (Senador UDI): Existe 1 boleta por $ 3.335.011, extendida por Carolina Isabel Gacitúa Larenas, asesora del senador desde el 2007. Joaquín Lavín (UDI): Existe 1 boleta por $ 3.340.000, entregada por Karen Grollmus Fritz, asesora en sus campañas presidenciales y también ex funcionaria de gobierno de Piñera. Trabajó con Lavín mientras fue alcalde de Santiago. Pablo Longueira (UDI): Existe 1 boleta por $ 4.450.333, extendida por un tercero, José Tomás Longueira Brinkmann, su hijo. Estos nombres empiezan a aparecer ya en marzo del 2015. A la fecha se han vinculado una gran cantidad de nuevos involucrados, entre los que se cuentan el senador Jorge Pizarro, Marco Enríquez Ominami (ME-O) y Carolina Tohá. Caso SQM: el rol del SII Al igual que en el Caso Penta, SQM enviaba boletas por trabajos que no se hicieron, haciéndolos pasar como gastos para así rebajar impuestos y hacerle fraude al fisco. En esto el SII, organismo encargado de visar cuando una empresa paga menos de lo que corresponde, tiene gran responsabilidad: se negó a iniciar una querella contra SQM, pese a tener toda la documentación. Esto porque según Michel Jorrat, director del organismo, “no existían antecedentes suficientes para hacerlo”. Recién en marzo del 2015 el SII presentó querella por delito tributario contra empresa SQM y luego en mayo presenta querellas contra Novoa, Bensán y Martelli por delito tributario. En abril de este año el SII presentó una nueva querella contra 30 personas, que involucra a la ex asesora del senador del PS, Fulvio Rossi, Mariela Molina, y al hijo del diputado Roberto León, Roberto León Araya. El perjuicio fiscal asciende a $1.200 millones. Además, afecta al ex gerente general de Patricio Contesse, al actual gerente general de la minera, Patricio de Solminihac y a Ricardo Ramos, actual vicepresidente de Administración y Finanzas. Los tres fueron querellados por el delito tributario 97 n°4 inciso primero correspondiente a declaraciones maliciosamente falsas de impuestos. En la nueva querella presentada por el SII por delitos tributarios en el marco del caso SQM se desestimó una acción penal en contra un grupo de seis contribuyentes que habían sido rectificados por la minera no metálica. Esto, se debe al bajo número de boletas o facturas emitidas y su exiguo monto. Entre ellos, se encuentran el ex subsecretario PR Rodolfo Baier y la sociedad del ex embajador PPD Alejandro Bahamondes. La decisión del SII fue cuestionada por los querellantes en la causa. De acuerdo al abogado Carlos Hidalgo, de Ciudadano Inteligente: Es una contradicción. Ahora las querellas son para señalar respecto de qué personas no se está querellando. El criterio usado es arbitrario. Esto no impide al Ministerio Público formalizar a estas personas, (...) está habilitado para investigar los hechos denunciados, lo que pasa es que independientemente de eso, el SII está señalando que no quiere perseverar penalmente respecto de estas personas Caso SQM: no hay nadie libre de paja Las investigaciones, que actualmente siguen en curso, muestran que el caso es de amplio rango e involucra a políticos y empresarios cercanos a las dos grandes coaliciones políticas del país: Nueva Mayoría y Chile Vamos. Una de las últimas en ser nombradas es la alcaldesa por Santiago, Carolina Tohá, por supuestos pagos de SQM al PPD mientras ella era la presidenta del partido. El fiscal a cargo del caso, Pablo Gómez, ya declaró que era improbable que los inculpados cumplieran penas de cárcel. Sólo queda esperar, entonces, las multas que salgan del caso y, por supuesto, el costo político para los involucrado en esta mafia de poder. Ya va un año desde que aparecieron las primeras pruebas de ilícitos, y a medida que pasa el tiempo sólo parecen aumentar los involucrados y la presión política porque se cierre pronto el caso. Habrá que esperar a ver que resulta de este bochornoso caso de lazos de poder, fraude tributario y financiamiento ilegal de la política. Por el bien de Chile, esperemos que los culpables sean castigados. ¿Qué piensas tú con respecto al caso SQM? ¿Hay algo que no te quedó claro? Comenta y te responderemos a la brevedad posible. Rankia Caso SQM
