Se trata de una iniciativa presentada en el Senado por los "Populares", que defiende con el argumento de que una desproporcionada intervención regulatoria podría conllevar que la compañía deje de invertir aproximadamente 800 millones de €uros en el presente año, lo que implicaría por una lado la pérdida de puestos de trabajo, y por el otro la ralentización del despliegue que ya ha empezado a producirse. Da la sensación de que la solución dada por la CNMC solo gusta a Vodafone y Orange, aunque tampoco estas están totalemente a favor. Los argumentos que expone el PP son que dicha postura carece de perspectiva económica además de alejarse de otros objetivos perseguidos por la Ley General de Telecomunicaciones, que pretende hacer llegar la banda ancha de al menos 30 Mbps a toda la población para el 2020 y que el 50% de los hogares tengan acceso a conexiones superiores a 100 Mbps. Por su parte, los otros dos grandes presentes en territorio español, Vodafone y Orange han declarado abiertamente su conformidad con el dictamen de la CNMC, ya que según consideran, se trata de una injerencia hacia una legislación que está en línea con otros países europeos que pretende que no se avance hacia una situación de posición dominante en las nuevas redes de banda ancha. Pese a que Vodafone y Orange se han mostrado sorprendidos por el posicionamiento del PP, han insistido en que mantendrán sus compromisos de inversión, a diferencia del órdago (o farol, quien sabe) de Movistar. ¿Cómo veis los movimientos estratégicos de cada uno de los agentes con intereses en este asunto (PP, Telefónica, CNMC, Orange, Vodafone,..etc)?; ¿En qué creéis que acabará todo esto?